Canal de denuncias

¿QUÉ ES UN CANAL DE DENUNCIAS?

Tal y como establece la Ley 2/2023 de protección del informante, las entidades locales deben disponer de un canal interno para la recepción de denuncias anónimas. A través de este canal, las personas integrantes de la organización o vinculadas a ella pueden comunicar conductas o actuaciones irregulares contrarias a la normativa, de forma segura y confidencial.

Este canal es una herramienta fundamental para la detección e investigación de irregularidades y actividades ilícitas, y constituye un elemento clave del sistema de cumplimiento normativo.

¿QUÉ SE PUEDE DENUNCIAR A TRAVÉS DEL CANAL?

A través del canal de denuncias se podrán comunicar conductas inmorales o ilegales que se produzcan en el entorno laboral, como actuaciones que pongan en riesgo la seguridad y la salud en el trabajo, comportamientos contrarios a las normas y principios de la organización, el uso indebido de recursos o los conflictos de interés.

Asimismo, permite denunciar robos, la utilización fraudulenta de bienes, el acoso laboral y/o sexual, los abusos de poder y cualquier conducta que vulnere los derechos laborales.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL CANAL?

De acuerdo con la Ley 2/2023, la implantación del sistema corresponde al órgano de gobierno de la entidad, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras. En todo momento se garantiza la confidencialidad de la persona informante y de los terceros implicados.

El sistema podrá ser gestionado por la propia entidad o por un tercero externo, respetando siempre los principios de independencia, protección de datos y secreto de las comunicaciones. El plazo máximo para la tramitación de las denuncias será de tres meses, ampliable en casos de especial complejidad. En caso de indicios de delito, la información será remitida a la fiscalía competente.

¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXISTEN?

La Ley 2/2023 garantiza la protección de las personas que informen sobre infracciones graves, evitando cualquier tipo de represalia o discriminación. Las comunicaciones realizadas cumpliendo los requisitos legales gozan de plena protección.

Cualquier actuación destinada a obstaculizar o sancionar la comunicación será nula, y las medidas de protección se mantendrán durante un periodo mínimo de dos años, con posibilidad de ampliación si fuera necesario.